FORO DE VIDA INDEPENDIENTE Y DIVERTAD
“NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS”
“No sé a qué juegan. Igual quieren ganar tiempo para ver si los vecinos nos cansamos. Estábamos tan contentos con la sentencia… Y ahora mira, otra vez a esperar“. Jesús Yepes es un padre desesperado. Él y toda la comunidad de propietarios del número 8 de la calle de Vistalegre, en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), llevan más de seis años reclamando que se instale un ascensor en la finca. Pero han topado con la oposición férrea de la Seguridad Social, propietaria de un inmenso local vacío en los bajos del edificio.
Los padres de Adrián Yepes le ayudan a bajar las escaleras en su casa de Cornellà.- MARCEL.LÍ SÀENZ
Como la finca donde vive la familia Yepes es vieja, el ascensor solo puede funcionar si ocupa una pequeña parcela (3,23 metros cuadrados) de ese local propiedad del Estado. Los vecinos no quieren el elevador únicamente para subir la compra sin esfuerzo: lo necesitan. El hijo de Jesús, Adrián, es un joven de 18 años que padece un grado de disminución física del 87%. Bajar las escaleras para salir a la calle supone, para él y su familia, un suplicio.
Pese a la mediación del Ayuntamiento de Cornellà y las promesas de los responsables de la Seguridad Social, los vecinos no lograron nunca arrancar un sí definitivo para el ascensor. Eso a pesar de que el local lleva tres años vacío y de que ofrecieron, a cambio, una compensación económica. De modo que decidieron demandar a la Administración. Ahora, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona les ha dado la razón. La jueza obliga a la Tesorería a ceder el espacio para instalar el ascensor a cambio de una indemnización, por daños y perjuicios, de 3.618 euros, como planteaban los vecinos.
Pero el ascensor no se va a construir. Al menos, de momento. El Ministerio de Trabajo ha recurrido la sentencia ante la Audiencia de Barcelona y ha paralizado, así, la instalación. Una decisión que, lamentan los vecinos, va a impedir que Adrián vea mejorada su calidad de vida. “Estamos contentos porque la justicia nos da la razón. Pero no sirve de nada porque no podemos poner el ascensor. Y a mi hijo cada vez le cuesta más moverse. Desde que pusimos la demanda, le han aumentado en dos grados la incapacidad. Estoy indignado”, relata Jesús que, aun así, se muestra convencido de la perseverancia de la comunidad de Vistalegre.
Adrián no es el único vecino que necesita del ascensor para vivir bien. En la finca reside una mujer de 52 años con una minusvalía del 53%. Cuando se interpuso la demanda también vivía, en el mismo bloque, una anciana de 82 años, hoy ya fallecida, con problemas de movilidad.
En el juicio, la Seguridad Social se opuso a la demanda alegando que los vecinos no habían reclamado, previamente, por la vía administrativa.La jueza considera que ese argumento es insuficiente, precisa que “la función judicial es resolver definitiva y eficazmente los conflictos que a ella se someten” y recuerda que la Tesorería ha tenido “sobrado conocimiento previo de las pretensiones de la comunidad“.
La discrepancia, añade, “se centra en determinar el alcance de la compensación económica“. La magistrada da por buena la cifra que ofrecen los vecinos -que tilda de “razonada y ponderada“- y considera, en cambio, que la que exige la Seguridad Social es “desorbitada y no justificada“. La Administración del Estado reclama a los vecinos que paguen 3.000 euros por cada uno de los metros afectados por el ascensor.
Ese espacio es “necesario” para instalar el ascensor, ya que debido a la estructura del edificio tiene que partir de allí hacia el patio de luces. La sentencia obliga a la Administración a “permitir el acceso al inmueble” a los operarios para que efectúen las obras, pero no se puede ejecutar hasta que sea firme. El local cuenta con una superficie de 569 metros y acogió, hasta hace tres años, la sede de la Seguridad Social en Cornellà.
En el recurso ante la Audiencia de Barcelona, la Seguridad Social critica las “graves omisiones” de la sentencia al fijar la indemnización. La cantidad, dice el documento, debe medirse por cada metro cuadrado porque, cuando se instale el ascensor, es posible que se necesite más superficie de la prevista.
Al tratarse de patrimonio público, añade el recurso, “parece adecuado que una segunda instancia judicial se pronuncie“. El Ministerio de Trabajo insiste en que defiende, a través de su patrimonio, el interés general. Y argumenta, en ese sentido, que el ascensor supondrá una pérdida de valor del local porque no solo afecta a una zona de paso, sino que es “el acceso directo a la vía pública y la salida de emergencia natural del inmueble“. En la misma línea, razona que provocará “una pérdida de la luz natural del local” que redunda en perjuicios para el erario público.
A Jesús Yepes, todas esas prevenciones le suenan a excusa. Le cuesta comprender, dice, la tozudez de la Administración. Pero está dispuesto a luchar: “Tengo el apoyo de los vecinos. Pondré pancartas en el balcón. Nos moveremos“. Mientras, el tiempo pasa y su hijo Adrián necesita cada vez más apoyo de sus padres para salir a la calle. “Siente más inseguridad y más miedo que el año pasado cuando tiene que subir o bajar las escaleras con nuestra ayuda“. Jesús se siente dolido, también, por las promesas incumplidas: “Nos dijeron que nos cederían el espacio cuando se trasladaran, y no lo hicieron. Se comprometieron a buscar una solución cuando les pusimos la demanda, y tampoco lo hicieron. Ahora les han condenado, y ni así ceden. ¿Qué más se puede hacer?“
Por Antonio Centeno
Tres niños de 3, 9 y 14 años fueron asesinados anteayer, al parecer por una trabajadora del “centro de acogida de menores discapacitados motrices” de Boecillo (Valladolid) en el que los menores estaban recluídos. Según relata El País, la asesina los asfixió con bolsas de plástico, y destaca bajo el titular que “Los investigadores creen que podría tratarse de un homicidio compasivo”. Para que comprendamos por qué destacan esta hipótesis, los periodistas señalan que el centro estaba destinado a “niños que sufren discapacidad”, y que “los tres fallecidos presentaban movilidad reducida entre el 78 y el 90%”
Me sobrecoge una extraña sensación, a medio camino entre el escalofrío y el vómito, al preguntarme cómo es posible que en la cadena humana que va de los investigadores al editor, pasando por los periodistas, nadie haya sido consciente del poso filonazi que contiene enviar a la sociedad el mensaje de que un asesinato por odio al diferente pueda visualizarse como un acto compasivo. Los niños no “sufrían discapacidad”, tenían un cuerpo que funcionaba diferente a la media estadística (diversidad funcional), lo que sufrían era discriminación y falta de apoyos para la igualdad de oportunidades. Conservo como oro en paño un “certificado de minusvalía del 100%” que me expidieron a los 13 años, y ahora que me acerco a los 40 puedo afirmar con conocimiento de causa que la diversidad funcional no tiene por qué acarrear sufrimiento. Eso sí, la cosa empieza a joderse cuando te miran y describen en función de lo que “no puedes hacer por ti mismo” (si usted cree que “hace cosas por usted mismo, sin la ayuda de la comunidad” deténgase un instante a pensar cómo obtiene alimentos, agua, ropa, energía, vivienda, educación…) y va empeorando a medida que se te niegan los apoyos necesarios para vivir como el resto de niños. O bien se te arrincona en una institución o bien te convierten en una carga descomunal para la familia (sea ésta propia o de acogida) Se ha recogido en prensa que una ex-trabajadora del centro de reclusión estaba tramitando la adopción de uno de los niños asesinados. ¿No es razonable pensar que si se ofreciese a las familias (propias o de acogida) los apoyos profesionales suficientes los niños podrían crecer fuera de las instituciones? En un ambiente desinstitucionalizado y sin ser convertidos en pesados fardos para la familia esos niños podrían haber crecido tan felices como cualquiera. No haber tenido esas posibilidades es sufrir discriminación y falta de igualdad de oportunidades, eso es lo que sufrían y no “una discapacidad”.
Hay dos indicios que, a mi entender, apuntan poderosamente en la dirección del crimen por odio al diferente. En primer lugar, la Historia; venimos de un pasado reciente en el que se orquestó un programa sistemático de exterminio de personas con diversidad funcional que luego se extendió a otras minorías. Sin embargo, siendo las primeras víctimas, resultaron las más olvidadas y menos reconocidas, investigadas y reparadas por los regímenes posteriores. Subsiste en el imaginario colectivo esa mirada que visualiza la diversidad funcional como un problema personal, algo que reduce el valor de la vida humana hasta resultar prescindible, o como mínimo desechable en instituciones segregadas. Hay trazas sutilísimas de esta minusvaloración de la vida de las personas con diversidad funcional en todo el entramado sociocultural y político, baste como ejemplo el plazo diferente para interrumpir el embarazo según las características funcionales del nasciturus.
La segunda razón para aventurar la hipótesis de “odio al diferente” me surge de las entrañas. Imagino a la asesina, imbuida de un poder absoluto sobre esos cuerpos, acostumbrada a manejarlos cómo, cuándo, dónde y para lo que le parezca, envolviendo sus cabezas en bolsas de plástico, sosteniendo firmes las manos impertérrita a los gritos, a las convulsiones…y no soy capaz de apreciar en ello el más mínimo atisbo de acto compasivo, tan sólo una violencia extrema fruto de un odio incontenible, subterráneo y atávico que se desata al encontrar momento y lugar apropiados.
Ángel García (el padre Ángel), presidente de Mensajeros de la paz, ONG que gestiona el centro de reclusión en colaboración con la Junta de Castilla y León, verbalizó otra hipótesis que estoy seguro ha pasado por la mayoría de cabezas que se han ocupado de esta tragedia; “Son actos que sólo pueden obedecer a la locura”. Una vez más, pasamos por alto la evidencia científica de que las personas con enfermedad mental NO son estadísticamente más violentas que el resto de la población y reforzamos el estigma que recae sobre este grupo humano desde tiempos inmemoriales. Para más inri, el propio presidente de Mensajeros reconoce que la asesina jamás había solicitado una baja por motivos psiquiátricos ni había presentado “comportamientos anómalos”. No hay ninguna buena razón para inclinarse por la hipótesis del “acto de locura”.
Finalmente, también se ha apuntado como posible explicación de los hechos el llamado síndrome de burnout, un estrés intenso y prolongado que se genera en el ámbito laboral. Sin embargo, esta hipótesis no parece ser suficientemente sólida si tenemos en cuenta que el centro de reclusión cuenta con instalaciones modélicas, tiene capacidad para seis menores y sólo albergaba a tres, y la asesina tenía un contrato estable desde hacía cinco años.
Según informa El País, la Consejería de Familia de Castilla y León insiste en la idoneidad del centro y tiene intención de reabrir el mismo “en cuanto sea posible”. Alguien debería pensárselo dos veces. No sólo porque no es la primera vez que se produce un asesinato en un centro de reclusión de Castilla y León gestionado por Mensajeros de la paz (Zamora, 4 de marzo de 2003), si no porque hechos como la recientemente iniciada investigación de la Fiscalía General del Estado de Holanda sobre el presunto asesinato de 34 menores internados en un psiquiátrico católico muestra que no existe la “buena residencia”. Cuando se colectivizan la intimidad (no poder decidir quién, cuándo, cómo y para qué toca mi cuerpo), los espacios personales (no poder decidir dónde ni con quién vivo, quién cuándo, cómo y para qué está en mi domicilio) y los tiempos de la cotidianidad (no poder decidir cuándo me acuesto, levanto, cago, ducho, follo, duermo, despierto, visto, desvisto, entro, salgo, me pierdo, me encuentro…) estamos dinamitando el mismísimo núcleo de la dignidad humana y generando un ambiente de desigualdad de poder propicio para que se desencadene la violencia basada en el odio al diferente.
La Administración española, en todos sus niveles y gobernada por todos los colores políticos, hace caso omiso de la Recomendación CM/Rec(2010)2 del Comité de Ministros sobre la desinstitucionalización y la vida en comunidad de los menores con discapacidad, que pide a los gobiernos “tomar todas las medidas legislativas, administrativas y otras apropiadas para adherirse a los principios establecidos en el apéndice de esta recomendación para sustituir los servicios residenciales por servicios comunitarios dentro de un calendario razonable y un enfoque global”. Una muestra palpable del desinterés y la desidia por abordar la desinstitucionalización de las personas con diversidad funcional es el hecho de que la ley ómnibus para adaptar la legislación española a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad no incluye ninguna reforma para hacer efectivo el derecho a la vida independiente y a ser incluído en la comunidad (artículo 19 de la Convención) Y ello pese a que la Ley de Autonomía Personal (Ley de Dependencia) está vigente desde 2007 sin haber conseguido dotar a la ciudadanía de una alternativa real para evitar acabar en una institución o al “cuidado amoroso” de la familia. Lejos de transformar las situaciones de dependencia en independencia, la Ley de Dependencia hace honor a su nombre oficioso facilitando, promoviendo y perpetuando la institucionalización de las personas con diversidad funcional en residencias y en el ámbito familiar.
Ya para acabar, por favor, no se crean eso de que “es una cuestión de costes económicos”. En primer lugar, por un principio de “precaución e higiene mental”; esos son parte de los mismos argumentos que la propaganda nazi utilizó para justificar el exterminio de personas con diversidad funcional. En segundo lugar, porque es falso. Una plaza en un Centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) tiene un coste de4.000 a5.000 euros mensuales. En cambio, el Ayuntamiento de Barcelona desarrolla desde 2006 un proyecto piloto de vida independiente que tiene un coste medio de 2.500 €/mes (oscila entre 1.000 y 5.000 según las necesidades de apoyo de cada persona) Entonces, ¿qué demonios pasa? ¿por qué no cumplimos con las recomendaciones de la UE sobre desinstitucionalización y con los compromisos adquiridos con la ONU en materia de derechos humanos de las personas con diversidad funcional? La respuesta es compleja, pero la tragedia de Boecillo puede darnos algunos indicios sobre las (sin)razones que lo explican: un sustrato sociocultural y político que minusvaloriza la vida de las personas con diversidad funcional reduciéndolas en expectativas y necesidades a las mismas que podría tener una vaca en un establo, la falsa creencia de que existe “la buena residencia”, la desidia política en toda su gama ideológica, la incapacidad manifiesta de la Administración en todos sus niveles, la connivencia de buena parte del movimiento asociativo que se ve atrapado en la necesidad de mantener nóminas y devolver préstamos, el desinterés de los organismos y entidades de defensa de los derechos humanos, la alienación que siglos de discriminación y opresión sistemática han generado sobre las personas con diversidad funcional, etc. Es una tarea colosal la que tenemos por delante, pero más allá de los días de luto oficiales y de la compulsiva necesidad de restaurar el orden establecido sin analizar con rigor y coraje las causas estructurales de este tipo de tragedias, alguien debería empezar a mover ficha. ¿Qué tal si la Ley de Igualdad de Trato que se está tramitando en el Congreso incluyera entre sus medidas de prevención de la discriminación un plan con calendario y presupuesto que implementase la Recomendación CM/Rec(2010)2?
MAIKA IMEDIO. 08.08.2011 (20minutos.es)
Existen el aquí y el ahora. El pasado ya lo vivimos, mas no es. El futuro quizá llegará, y aún no es. En el aquí y el ahora sí podemos ser, tomando consciencia de nuestra existencia en ellos.
Existen los contrarios. Gracias a la luz, conocemos y apreciamos la oscuridad. Lentitud y velocidad. Actividad y quietud. Sonidos y silencio. Disfrutamos de la luna, en parte, por su esencia contraria al sol. Disfrutamos de él por lo mismo.
Existe el ser humano. Con elementos contrarios que lo conforman interior y exteriormente, el hombre y la mujer evolucionan a lo largo del camino. Ésa debe de ser la clave: crecer, ampliar perspectivas, fijar las bases y diversificar sensaciones, pulirnos a nosotros mismos, mirar a los veinte años de forma distinta a como miramos a los cincuenta, aprender y mejorar respirando a pleno pulmón la vida en la que discurre nuestro día a día. Respirando y respetando. Aquí y ahora.
Y existen los Derechos Humanos. La diversidad funcional (discapacidad) también es vida humana. Vida a veces oculta y vida discriminada. Sin embargo, los diversos funcionales sólo funcionamos, en parte, de forma diferente a como lo hace la mayoría. Ahora convivo con una diversidad funcional y, como hace poco dijo un amigo, tampoco yo cambiaría mi vida de hoy por la de ayer.
Abrir la ventana de una realidad poco conocida, impulsar a la sociedad en su evolución, contribuir a que la diversidad funcional sea visible y no pisoteada, invitar a todo bicho viviente a no discriminar a quienes somos diferentes y, al mismo tiempo, iguales… Para eso hacemos la Marcha por la Visibilidad de las Personas con Diversidad Funcional. La cita, el 10 de septiembre a las 18 h. en la Plaza Jacinto Benavente, en Madrid.