La integración de los discapacitados.

28/12/2007 Edición Impresa EL AVANCE HACIA UN MUNDO MÁS RICO Y ABIERTO
Quienes carecen de alguno de los sentidos tienen otros muy desarrollados, y el catálogo de sus posibilidades debe partir de ahí 

Es el momento de facilitar a las personas con minusvalías una participación activa en la sociedad

ALFONSO S. Palomares*
Estos días he escuchado denuncias autorizadas de asociaciones de discapacitados y de minusválidos. No se quejaban, ni se quejan, de la falta de leyes, sino de que no se cumplan las que tenemos, y también lamentan que las ciudades y ciertos ámbitos públicos no cumplan las normativas elementales vigentes para la accesibilidad de los minusválidos. He leído que A Coruña es la única ciudad española que las cumple. Lo mismo que hay muy pocas empresas en las que se cumpla la ley que exige emplear a un minusválido por cada 50 trabajadores.
Estas semanas navideñas, cargadas de ternura, se prestan a los ramalazos sentimentales y a los vistosos gestos de generosidad. Adornamos la solidaridad con una fuerte dosis de espectáculo, y la caridad o el humanismo adquieren un tono declamatorio que no está mal, porque el teatro forma parte de uno de los grandes elementos culturales de una civilización. Está bien esa prisa por ayudar a un ciego a cruzar un semáforo, a un minusválido a subir a un autobús o por una escalera, ese gritar con afecto para que nos oiga un sordo, el poner atención a las palabras de un tartamudo o escuchar los razonamientos de personas cuya inteligencia se sitúa por debajo de los baremos convencionales. La solidaridad se convierte en un acontecimiento de calendario y en un termó- metro que marca las altas fiebres de nuestra bondad ocasional.

 MARÍA TITOS

MARIA TITOS

ES LÓGICO:nuestra civilización y nuestra cultura se fueron construyendo sobre unos conceptos muy simples de capacidad e incapacidad. Los capaces formaban parte de la historia y los incapaces se quedaban en sus cunetas. El destino les había marcado con la desventura y había que resignarse a ese fatalismo.
El catálogo de las incapacidades ha sido y sigue siendo muy numeroso, pero afortunadamente la lucha desde amplios grupos y colectivos situados en la marginación ha sido tenaz, y a veces dramática, por buscarse un lugar al sol de la historia e integrarse como actores activos en los tejidos de las sociedad. La Organización Nacional de Ciegos es un ejemplo de lucha por superar la vieja lógica del destino y contribuir a un cambio sustantivo en los conceptos y realidades de integración, una integración que podíamos calificar de humanista, porque responde a los desafíos y exigencias de la condición humana. De un humanismo integrador. La lucha que en estos momentos debemos mantener es por ir definiendo a través de las leyes y de las actitudes una sociedad abierta, porosa y variada en donde las diferencias se asuman con naturalidad como algo que enriquece a la sociedad en su conjunto. Que se cree la cultura de una presión social para que se cumpla en todos sus términos la normativa vigente y se haga fuerza para que las nuevas demandas sociales en este campo se atiendan con las leyes adecuadas.
Hay sólidas iniciativas en este sentido, y por eso conviene dar apoyo a ese desafío en el que están inmersas muchas organizaciones que representan a colectivos de personas con incapacidades o con minusvalías. El desarrollo de la cultura por una sociedad integradora debe partir de la búsqueda de las capacidades que tienen los que consideramos incapaces, porque en su mayoría tienen capacidades potenciales que conviene estimular y alentar para que se desarrollen y terminen convirtiéndose en útiles y hagan que esas personas se sientan así. Cada día son más numerosos, diría que ya son numerosísimos, los ejemplos de estos logros. Es cierto que a un sordo no se le va a nombrar jurado en un concurso de canto, ni a un manco se le debe encaminar para pianista de una orquesta, ni al ciego para crupier de un casino o vigilante de playa, y así podíamos seguir una hilera de ejemplos interminables. Sin embargo, es sabido, porque sobran evidencias, que quienes carecen de alguno de los sentidos tienen otros sumamente desarrollados, y el catálogo de sus capacidades y de sus posibilidades tiene que elaborarse partiendo de esa base. Las actividades en nuestra sociedad tan variada se han multiplicado, y por eso las posibilidades integradoras en el mundo laboral de estas personas son múltiples. La integración laboral es la base de la integración social. Es el momento de corregir la historia.

EN ESTE MUNDO moderno y posmoderno, los trabajos y ocupaciones son variadísimos, por eso las posibilidades de los hombres y las mujeres con discapacidades y minusvalías son muchas y muy diversas. Una sociedad integradora y abierta es una sociedad rica y humana, lo contrario de la sociedad unidimensional, que es una sociedad excluyente con ribetes nazis, por eso los cantores del nazismo le llamaban sociedad viril, que se tradujo en una sociedad sectaria, intolerante, dominadora y violenta. La opresión social sobre los grupos y personas con minusvalías tiene un indudable perfume fascista.
En este momento histórico en el que las nuevas tecnologías, los descubrimientos más insospechados y las investigaciones llegan al borde de lo imposible, es el momento de apoyar, fomentar y estimular la cultura de un humanismo integrador y facilitar a las personas con incapacidades la manera de participar en los procesos productivos en toda la amplitud de su significado para que se sientan y las sintamos como actores de la historia.

* Periodista.
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Respuesta; Carta al director de Antonio Centeno Ortiz (antonio.centeno@gmail.com), miembro del Foro de Vida Independiente

Soy una de las personas a las que el señor Palomares se refiere en su artículo. Quiero agradecerle su intención de promover el avance hacia una “sociedad abierta, porosa y variada en donde las diferencias se asuman con naturalidad como algo que enriquece a la sociedad en su conjunto”. Sin embargo, discrepo de la idea de que ese cambio social deba fundamentarse en la “participación en los procesos productivos”. La inclusión en el mundo laboral debe ser una consecuencia y no un requisito previo para la plena ciudadanía. De lo contrario, seguiremos alimentando el modelo de “sociedad excluyente con ribetes nazis” basada en las capacidades/ incapacidades a la que tan acertadamente alude Palomares. No se trata de transformar a los “incapaces” en “capaces”, si no de transformar todos los procesos sociales – entre ellos los vinculados al mundo laboral – para que las diferencias no conlleven desigualdad de derechos. Hay que recordar que los Derechos Humanos tienen como finalidad proteger la dignidad de cada persona, no sus “capacidades”, independientemente de su “productividad” . No obstante, las políticas más respetuosas con la dignidad humana – países escandinavos – han generado también las sociedades más eficientes y economías más productivas, pero no confundamos las causas (defensa de la dignidad)  con los efectos (productividad) o seguiremos dejando a muchas personas fuera de la plena ciudadanía.

“Retales de una vida”, de Dolores Rodríguez Huertos

“Retales de una vida” no es una biografía sino un compendio de pensamientos y emociones hilvanados entre sí, teniendo por hilo conductor mi experiencia personal, que quizá sirva a otros a asumir mi misma situación, a la vez que facilitar al resto a comprender que detrás de una lesión, detrás de una tetraplejía, detrás de una silla de ruedas se encuentra una persona con sentimientos.

BUSCO UN MOTIVO
Miro hacia el cielo o al más allá
busco un motivo para luchar.
El tiempo que ha pasado
ya nunca volverá.
Olvida lo que pudo ser y no fue
la vida es como es.

Los recuerdos son perfectos
si sabes entender
que el presente son momentos
que no debes perder.

Busco un motivo para respirar,
busco un motivo para continuar.

Mira adelante y no hacia atrás
plántale cara y ya verás.
El mundo gira y gira
y no se detendrá,
si quieres llora, llora
que no lo cambiarás.

“Retales de una vida”, Capítulo 5

Lucha contra las barreras

Dicen que las palabras se las lleva el viento. Espero que las mías os lleguen al corazón.” Dolores Rodríguez Huertos, retalesdeunavida@gmail.com

No todas las personas con discapacidad pueden votar en domingo

Sábado, 22/12/2007 – Mª ÁNGELES SIERRA HOYOS msierrahoyos@gamail.com | VALLADOLID
Esta es la carta pública que Vicente Valero una persona con discapacidad escribe al presidente del gobierno, recordándole que ni él ni muchas personas con discapacidad de este país pueden votar en domingo por falta de asistencia.

Carta abierta al Presidente del Gobierno

Sr. Presidente:
Pronto hará 4 años que se celebraron elecciones generales, esta será la primera vez que le competa a usted esa responsabilidad, por eso me decido a escribirle públicamente, dado que el escrito que registré no ha tenido contestación escrita. En él le pedía que no convocara elecciones en fin de semana ni festivo y la respuesta que he recibido ha sido a través de los medios de comunicación, que han anunciado su intención de proceder a la disolución de las Cortes para que las elecciones se celebren el domingo 9 de marzo.
Lamento que su carga de trabajo le haya impedido tramitar el escrito que le dirigí, porque sin duda no habría procedido a anunciar su intención de convocar elecciones para un domingo. Pero aún está a tiempo de reflexionar y ejercitar su responsabilidad teniendo en cuenta factores en los que no parece haber reparado.
La Constitución consagra como derecho fundamental el del voto y desde que entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y APD, el derecho subjetivo perfecto a ser atendido por el Estado para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (levantarse, asearse, comer,?.) existe. Pese a haber entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2007 la puesta en funcionamiento está teniendo serias dificultades para el despliegue de su acción protectora.
A fecha de hoy, de las 200.000 personas que las previsiones estimaban que precisábamos atención las 24 horas del día, solo unos pocos cientos han llegado a tener acceso a las prestaciones previstas en la ley. A usted pueden parecerle muchos, porque los medios de comunicación anuncian cada prestación como si se tratara de la llegada de Mr. Marshall, pero lo cierto es que solo se han reconocido prestaciones a personas que ya se encuentran institucionalizadas en residencias y para el cuidado a cargo de familiares. Ninguno de los escasísimos Planes Individuales de Atención ha reconocido el derecho a atención por servicios de Ayuda Domiciliaria, a otros servicios y otras prestaciones económicas que la ley ofrece.
Las personas que recibimos atención de los Servicios Municipales de Ayuda a Domicilio lo hacemos de lunes a viernes, salvo los que sean festivos, por lo que quienes no podemos levantarnos y asearnos nos vemos desprotegidos por parte del Estado. Probablemente usted piensa que como los fines de semana funcionan los servicios sanitarios, la recogida de basuras y los servicios de limpieza, por añadidura funcionan los servicios Municipales de Ayuda a Domicilio, pero no es así en la práctica totalidad de los municipios españoles a fecha de hoy. Convendrá conmigo que el derecho a salir a la calle todos los días existe para todos los españoles, de otra manera no se entendería que se prestaran servicios de escolta y protección a los ciudadanos sobre los que pesa amenaza, no sería de recibo decirles que los fines de semana y festivos se quedaran en casa o les protegiera un familiar.
En esas condiciones, pienso Sr. Presidente, no puede convocarse una jornada electoral en domingo y como lo pienso se lo digo. La democracia se sustenta en la pureza de las elecciones y cualquier observador internacional sabemos que informe emitiría sobre unas elecciones en las que a una parte del electorado se le impide ejercer el voto.
Aquellas personas con quienes he debatido sobre la cuestión me han argumentado que de convocarse elecciones en día laboral la patronal se le echaría encima porque la ley establece que debe de facilitarse 4 horas retribuidas a los trabajadores para que puedan ejercer el derecho al voto.
A mi replica de que si el problema radica en que si la cuestión está en que las empresas deben financiar el tiempo para que los trabajadores ejerzan el derecho al voto, la solución radica en cambiar la norma y que los permisos no sean retribuidos porque no es un deber el votar, si no un derecho; pero entonces se me argumenta que los que se le echarían encima serian los sindicatos.
Comprendo que tiene la certeza de que quienes no podemos levantarnos de la cama no nos vamos a echar encima, pero la cuestión radica en dos cosas: 1) Si quien convoca elecciones en un día de la semana en que parte del electorado no puede levantarse de la cama, cuando mire a un espejo verá a un demócrata. 2) Igual razonamiento vale para quien siendo consciente de ello no recurre la convocatoria.
Plantear la existencia del voto por correo no cabe ni plantearlo, por cuanto está concebido para personas que se encuentran fuera de la localidad o enfermas en la cama, pero las personas que no podemos levantarnos de la cama ni estamos fuera de nuestra localidad ni estamos enfermas; simplemente no recibimos la atención social que las comunidades autónomas y ayuntamientos deben prestar, lo cual no es competencia suya, pero si es exclusiva suya convocar elecciones generales.

Vicente Valero Sanchis – E-mail: p4r58@yahoo.es

FSP denuncia que hay 45.000 personas en lista de espera para tener el certificado de minusvalía.

Lamenta que Bienestar Social pretenda despedir a 39 contratados

A. G., Valencia
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-PV denunció ayer que la Conselleria de Bienestar Social pretende despedir a 39 empleados temporales de los centros de valoración de discapacidades el próximo 31 de diciembre, pese a que el retraso para obtener el certificado de grado de minusvalía es de 13 meses en Valencia, 8 en Castelló y 10 en Alicante, según los datos del sindicato.
De acuerdo con la información sindical, la lista de personas en espera ronda las 45.000. La contratación de estos equipos de refuerzo se produjo hace dos años y recientemente han recibido comunicación escrita del departamento de Juan Cotino de que dejan sus puestos el próximo día 31. La inquietud sobre estos puestos se ha dado otros ejercicios, al finalizar los contratos anuales, pero en esta ocasión «no nos consta ningún esfuerzo por la conselleria para que continúen», aseguró el responsable de Servicios Sociales de la FSP, Antoni Femenia, a Levante-EMV.
La citada fuente subrayó que el aumento de solicitudes de certificados ha sido tan importante que el personal de refuerzo sólo ha podido contener la lista de espera, de forma que esta se mantenga en cifras similares a las de hace dos años y no se haya disparado.
El grado de minusvalía abre la puerta a beneficios fiscales y sociales para sus poseedores. No tiene nada que ver con la valoración de la dependencia, iniciada en 2007 y que da derecho a servicios y prestaciones económicas en función del nivel acreditado. Para Femenia, el «fracaso reiterado» con los certificados de discapacidad es «un mal predictor» de lo que puede ocurrir con la dependencia.
FSP señaló que los afectados son, en el caso de Valencia, 27 trabajadores (9 médicos, 5 psicólogos y 7 trabajadores sociales) de una plantilla de 45 puestos adscritos al centro de valoración. En Alicante hay 8 contratos temporales y una plantilla de 24 puestos, y en Castelló 4 contratos de refuerzo sobre un total de 14 plazas.
Incumplimiento de la normativa
El sindicato recordó que ya ha denunciado varias veces los retrasos en el reconocimiento de grado de minusvalía, ya que suponen un incumplimiento de la norma dictada por la propia Conselleria de Bienestar Social, que fija en 6 meses el plazo máximo para resolver los expedientes.
Las citadas fuentes manifestaron que los retrasos también constituyen una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, a las que se les impide «la entrada a los sistemas de protección social vinculados con el certificado de minusvalía». FSP-UGT señaló ayer que la consecuencia directa de estos despidos será un aumento inmediato, a partir de enero, de los tiempos de espera para el reconocimiento del grado de minusvalía.

El PP impone el silencio administrativo para negar ayudas a dependientes sin explicaciones.

presupuestos de 2008
Los populares rechazan instar al Consell a agilizar la ley de la Dependencia. Marí critica al PSPV que mantenga el no a la supresión del impuesto de Patrimonio pese al anuncio de Zapatero.

J. G. G., Valencia
Doble silencio. El PP impuso ayer sin ofrecer la más mínima explicación en las Corts el cambio legal por el que el Consell podrá denegar a partir del 1 de enero por silencio administrativo las ayudas a las personas dependientes, en el arranque del debate de los presupuestos de la Generalitat para 2008 que se prolongará hasta mañana. La portavoz socialista de Economía, Cristina Moreno, subió cuatro veces a la tribuna para «suplicar» a los populares que retiraran la medida, al entender que supone, «no un boicot a Zapatero, sino un tortazo a la cara de los discapacitados», o al menos que se diera alguna justificación para defender la medida del Consell. El portavoz popular de Economía, José Marí, ignoró completamente el asunto. Y no fue por falta de tiempo. En la primera intervención, la presidenta, Milagrosa Martínez, lo dejó con la palabra en la boca, pero en las otras tres le sobró tiempo. Ni palabra sobre el asunto. Silencio parlamentario.
Moreno conjeturó que el mutismo de Marí, jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat hasta las elecciones de mayo, obedece a que piensa que es una «barbaridad jurídica». Denunció que la medida se coló mediante una enmienda del PP en el articulado de la ley de Presupuestos en vez de figurar en la ley de acompañamiento (donde ya va otro silencio negativo, para los certificados de familia numerosa) y se preguntó si lo que se quiso es esquivar los informes jurídicos. Arreció en su exigencia a Marí de que defendiera al Consell o renunciara a ejercer de portavoz. Sin éxito. Para el PSPV, el Consell, ante la imposibilidad de gestionar la solicitudes por no haber dispuesto los medios para ello, ha optado porque decaigan si no puede responder.
El popular recriminó a la socialista que mantuviera sus enmiendas en las que rechazaba las deducciones de impuestos introducidas en la ley de acompañamiento, entre ellas, el inicio de eliminación del de Patrimonio, pese a que el presidente Zapatero ha anunciado que lo suprimirá. Igualmente, reiteró su censura de que pretenda eliminar las bonificaciones fiscales por la Copa del América cuando el PSOE incluyó medidas «similares» en el Senado. «Hace falta tener mucha cara y muy poca vergüenza», asestó. La socialista recordó que ya adelantó su apoyo a suprimir el impuesto de Patrimonio pero la ley de acompañamiento «no es el lugar».
Ayuda para piso por la Copa América
Sobre este punto, Mireia Mollà, de Compromís, censuró las bonificaciones del 99,99% en el impuesto de patrimonio y en el de trasmisiones patrimoniales en favor de las personas que formen parte de entidades participantes en la pasada Copa del América en caso de compra o alquiler de vivienda. Y exigió que esas ayudas se apliquen a los jóvenes que acceden a un piso. Marí rechazó los aumentos de 100 euros en las deducciones planteados por Compromís alegando que son «carentes de fundamento económico y populistas».
La jornada estuvo presidida por el debate de la ley de la Dependencia. Antes de la discusión de las cuentas, el PP rechazó una moción del PSPV en la que se instaba a la Generalitat a agilizar el proceso de resolución de solicitudes para el acceso a las ayudas de esta norma, a incrementar la plantilla de valoradores y a asumir directamente la gestión de las prestaciones. El socialista Antonio Torres acusó al presidente Camps de «dar instrucciones» para «ralentizar al máximo» la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunitat que, junto a Madrid, es la autonomía «más atrasada» en el desarrollo. Y ello, denunció, por motivos electorales. Así, dijo que «sólo hay 35 valoradores», cifra «insuficiente» para Valencia. Por contra, la popular Mª. José García Herrero sostuvo que es el Gobierno el que impide el desarrollo adecuado de la ley porque no aporta suficiente dinero a las comunidades y no ha regulado cuestiones como el «copago».