El próximo 4 de diciembre entrará en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Diez años después de que en España empezara a configurarse el marco legal para garantizar los derechos de los discapacitados esta normativa estatal quiere lograr la accesibilidad universal en el ámbito público y privado.
Esto supone que dentro de tres meses ninguna persona con movilidad reducida debería tener problemas para desplazarse por espacios o edificios públicos, y asimismo deberán estar adaptados todos aquellos comercios, empresas o establecimientos privados y comunidades de vecinos que todavía no lo estén. La ley prevé sanciones que, en función de la gravedad, van desde los 301 euros al millón de euros.
Aunque muchos ayuntamientos ya lo venían haciendo, es la hora de intensificar actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas, porque tanto en Gandia como en otros municipios de la Safor queda mucho por hacer. Hablamos de instalar más rampas, rebajes de bordillos, o semáforos sonoros, pero también de facilitar la vida cotidiana de otros discapacitados sensoriales, con medidas como avisadores sonoros de las paradas en el caso del transporte público urbano, de las consultas médicas en el hospital comarcal, subtítulos, o páginas «webs» accesibles, entre otras.
En la comarca, entidades como la Asociación de Minusválidos Físicos de la Safor (que gestiona un centro de día), la ONCE o Valldigna Accesible están y estarán muy pendientes de que se cumpla la ley. A nivel estatal, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) continúa con la campaña «Horizonte Accesibilidad 4 de diciembre de 2017» en la que anima a denunciar las barreras a través de sus redes sociales y también de forma oficial ante los Ayuntamientos, más ahora con este nuevo instrumento legal.
Gandia es una ciudad que hoy está relativamente bien adaptada gracias al empeño de las sucesivas Corporaciones locales en los últimos años. Además, hay de elogiar una reciente campaña municipal en la que el Gobierno local pide colaboración ciudadana para detectar más puntos conflictivos, a través de la página «web» de Participación Ciudadana, mensajes que luego se analizan y se derivan al departamento de Servicios Básicos. Por otra parte, hay que seguir trabajando en la integración sociolaboral de este colectivo.
Pero facilitar la vida cotidiana de las personas con discapacidad también es una cuestión de civismo y urbanidad. Debemos ayudar a estas personas cuando las veamos por la calle, respetando los aparcamientos que tienen reservados, y no invadiendo las aceras con objetos, mesas, sillas, coches mal aparcados o excrementos de perro, que los ciegos no pueden detectar.
