La Asociación Solcom “nace para defender los derechos de las personas con diversidad funcional”
JOSEP LLUÍS GALIANA ­

Jorge Cardona, Mamen Nájera, Ismael Lloréns y Jose Ramón Juániz presentaron la Asociación Solcom en el Club Diario Levante.  Abelard Comes

Todo cambio de mentalidad comienza con un cambio de usos y costumbres, entre los que destaca por su importancia la correcta utilización de las palabras y sus definiciones. Y precisamente eso es lo que propuso Ismael Lloréns al inicio de la presentación de la Asociación Solcom, de la cual es su secretario. Esta nueva organización no gubernamental de ámbito estatal nace con la firme voluntad de proporcionar asistencia legal con la que hacer efectivos los derechos de las personas con diversidad funcional «más conocidas como personas con discapacidad o por los términos peyorativos minusválidos y subnormales, afirmó Lloréns. Solcom es independiente, no recibe subvención pública alguna y se financia sólo a través de las cuotas de sus asociados». De esta manera, según este activista del Movimiento de Vida Independiente, desde Solcom se pueden formalizar recursos, demandas, denuncias y reclamaciones ante cualquier organismo, administración pública, juzgado o tribunal con total independencia. «Solcom nace, apuntó Lloréns, para defender los derechos de las personas con diversidad funcional y para denunciar el incumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU».
El acto celebrado en el Club Diario Levante contó con la participación del abogado especializado en Seguridad Social José Ramón Juániz, quien no dudó en destacar «la importancia de difundir los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional y la necesidad de elevar el nivel de sus derechos civiles y de reconocer las garantías al acceso a todos los medios de transporte, edificios públicos, viviendas, a ser oídos por los jueces, a ser asistidos, a estudiar en cualquier centro privado o público, a trabajar y a no ser segregados.» Juániz, que insistió en hacer visible la diversidad funcional y a movilizarse, atacó duramente la actitud de los responsables de la Generalitat Valenciana por «obstaculizar deliberadamente la aplicación de la ley de la dependencia y su eficacia en la cobertura de las personas necesitadas, rayando los límites del delito de prevaricación y del delito de negación de auxilio».

Convención de la ONU
Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat de València y miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, afirmó que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU (2006) «es el primer tratado de DD HH del siglo XXI y reivindica la necesidad social de normalizar la vida de estas personas y no apartarlas y protegerlas como se había hecho hasta ahora». Este cambio del derecho internacional sólo ha sido posible desde un cambio de mentalidad. Según Cardona, la Convención, que ha sido reconocida por España, «deja bien claro que la persona discapacitada no tiene el problema sino la sociedad y es ésta quien debe eliminar las barreras de accesibilidad y adoptar los ajustes razonables para poder superar las barreras económicas, sociales y culturales.»

«Garantizar el derecho a la educación inclusiva»
Mamen Nájera, miembro de la Secretaría de la Red Europea de Vida Independiente (ENIL), reclamó la educación inclusiva como un derecho fundamental de las personas con diversidad funcional. «Pese a las lagunas legales que contienen la Constitución, la Convención de la ONU y la Ley Orgánica de Educación, enumeró Nájera, es obligación del gobierno garantizar el derecho a la educación inclusiva. Los programas de integración, añadió la activista, han fracasado por la falta de recursos, mientras que en la educación inclusiva el niño se siente uno más, sus compañeros aprenden de su diferencia y todos viven la normalidad. Hacer que sea posible la educación inclusiva en la diversidad se encuentra el enriquecimiento de toda la sociedad», concluyó Mamen Nájera.

Josep Lluís Galiana – Valencia

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